FUNDAR evalúa la transparencia de los préstamos para el desarrollo en México

¿En qué consisten los proyectos o programas gubernamentales financiados a través de préstamos de bancos regionales e internacionales? ¿Se está gastando el dinero de manera que podamos ver los resultados, o por lo menos el avance en la implementación?

Un estudio realizado por FUNDAR solicitó información de este tipo, con la finalidad de evaluar la transparencia en relación a los préstamos realizados al Gobierno Federal Mexicano por parte de los Organismos Financieros Internacionales, específicamente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Los resultados revelan opacidad: de los pedidos realizados al Gobierno federal, solamente se recibió la información solicitada en un 3.4% de los casos. Se  evidenció, además, falencias en la implementación de las políticas de transparencia del BID y del Banco Mundial.        

Mariana González Armijo, investigadora responsable de este proyecto, conversó con nosotros y compartió, entre otros detalles, las motivaciones y repercusiones del mismo.

 

¿Cuáles fueron las preocupaciones que motivaron este estudio? 

En FUNDAR trabajamos en diversos temas de transparencia presupuestaria en general y nos dimos cuenta de que existen opacidades en lo que respecta a la deuda pública. Dentro de ese tema hay un importante rubro que se refiere a los préstamos para el desarrollo brindados por Organismos Financieros Internacionales (OFIs)  - principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial -, los cuales representan el 30% de la deuda pública externa y el 6.5% del PBI mexicano (e incrementándose).

Dada  la importancia del tema, hicimos una primera solicitud de información al gobierno hace algunos años, y recibimos como respuesta que esa información era propiedad de los bancos de desarrollo, cuando sabemos que estos son recursos públicos. Fue entonces que decidimos hacer un diagnóstico y profundizar sobre la caracterización de estos préstamos, el marco normativo y establecer una metodología que nos permitiera evaluar la transparencia en este rubro.

 

¿Cómo definieron el ámbito y la metodología para la evaluación?

Decidimos analizar los préstamos provenientes del BID y el Banco Mundial,  primero por la importancia de los montos prestados por estas entidades al Gobierno Mexicano, y segundo porque cuentan con políticas de acceso a la información, lo que nos permitiría tener una base sobre la cual comparar la información proporcionada por el gobierno. Así, tomamos como muestra los préstamos dirigidos al sector público (excluyendo aquellos realizados en calidad de donación) que fueron aprobados desde las fechas de entrada en vigor de las respectivas políticas de acceso a la información del BID y el Banco Mundial, hasta el 30 de abril del 2013. En total analizamos 29 préstamos: 14 del Banco Mundial y 15 del BID.

Identificamos entre los documentos relevantes para cada préstamo (según el marco normativo), algunos que no estaban disponibles en las bases de datos de los bancos correspondientes, y con respecto a ellos fue que realizamos los pedidos de información. Dichos pedidos fueron enviados al banco respectivo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la instancia encargada de la ejecución del préstamo. Realizamos un total de 220 solicitudes de información: 147 al gobierno federal, 28 al Banco Mundial y 45 al Banco Interamericano de Desarrollo.           

Por tratarse de un primer diagnóstico, no impusimos ningún recurso, sin embargo pudimos haberlo hecho en un 80% de los casos.

 

¿Cuáles eran sus expectativas al iniciar el estudio y cuáles fueron los principales hallazgos obtenidos?

El primer hallazgo interesante e inesperado fue la existencia de un marco normativo tan robusto. Los préstamos para el desarrollo están regulados en la Constitución, en la Ley General de Deuda Pública, y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, entre otros marcos normativos. En distintos articulados se establece claramente el proceso de negociación y autorización, y quiénes son los órganos del gobierno responsables.

A partir del análisis normativo entendimos que el gobierno prepara y entrega a los bancos una serie de informes, desde el perfil del proyecto hasta el reporte de cierre del mismo. Sin embargo, a pesar de que dicha información es emitida periódicamente, sólo en un 3.4% de los casos nos fue entregada la información solicitada a las secretarías responsables. En más del 50% de los casos nos remitieron a las páginas web de los respectivos bancos, sin siquiera verificar si la información estaba disponible allí.

Por otro lado, nos sorprendió negativamente el hecho que los bancos internacionales no cumplieran a cabalidad con sus políticas de acceso a la información. En ambos casos, encontramos que no toda la información relevante se encuentra disponible en sus sitios web. Además, al solicitar la información faltante al el Banco Mundial, éste tardó hasta 80 días hábiles en responder, cuando su plazo máximo es de 20.

 

¿Cuál fue el impacto de este estudio?

El impacto más inmediato fue la repercusión del diagnóstico en los medios, esto ha permitido que el tema se inserte poco a poco en el debate público. En este sentido, el reto sigue siendo cómo transmitir un tema tan técnico de un modo tal que sea entendido y capte el interés de los ciudadanos, que sea visto como algo relacionado con ellos.

Otro impacto es con respecto a los tomadores de decisión. Una de nuestras propuestas, la de introducir un articulado en la Ley de Ingresos para el 2016 para desagregar la información referida a  los préstamos para el desarrollo, fue por primera vez recogida por una diputada. Aunque se votó en contra, creemos que este es un primer paso dentro de nuestra estrategia más amplia y esperamos que más adelante se logre aprobar. Por otro lado, hemos iniciado conversaciones con la SHCP para que se genere un micrositio en su portal web de transparencia con la información cuantitativa y cualitativa disponible.

 

En nuestra sección de auditorías, podrá encontrar un resumen del diagnóstico. También puede acceder al documento completo aquí.